Jornada maratónica de locución radial por 43 horas ininterrumpidas en solidaridad con los desaparecidos de Ayotzinapa


La desaparición forzada en Iguala de 2014 fue una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en el que policías federales y municipales de Iguala (220 km al sur de la ciudad de México) persiguieron y atacaron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (257 km al sureste de Iguala), periodistas y civiles. Los hechos dejaron un saldo de al menos 9 personas fallecidas, 41 estudiantes desaparecidos de esa escuela normal rural y 27 heridos.

A nivel mundial se alzaron la voz de protesta sobre este hecho de sangre, Marchas de protesta se dieron en Argentina, Jóvenes panameños en la lucha por Ayotzinapa , En Chile marcharon como parte de la jornada global por Ayotzinapa, etc.

En nuestro país también existió reclamos; el Presidente Rafael Correa, en un discurso dirigido a jóvenes de Latinoamérica, se refirió a los 43 normalistas desaparecidos y los comparó con las violaciones a los derechos humanos de las dictaduras en América Latina.

Al inaugurar un Congreso de la Elap, Correa aludió a al hecho de que los jóvenes revolucionarios han marcado la la historia latinoamericana, “por eso rendimos homenaje a los jóvenes rebeldes que han luchado hasta entrabar sus vidas por una América libre, desde México hasta la Patagonia”.

“En este camino miles de jóvenes fueron asesinados, desaparecidos y torturados”, señaló Rafael Correa quien hizo el recuento de las masacres de estudiantes en Argentina, México, Chile, Brasil, Guatemala, Honduras, Nicaragua entre los años sesenta y ochenta y continuó: “o la reciente desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa”.

El próximo viernes 25 de septiembre a partir de las 13h00, varias emisoras a nivel nacional e internacional realizarán una jornada maratónica de locución radial por 43 horas ininterrumpidas en solidaridad con los desaparecidos de Ayotzinapa

Ser Publicos Radio de Guayaquil, Ecuador y Radio Amiltzinko 100.7 del estado de Morelos, México en cadena con más de 30 emisoras comunitarias en FM y vía Internet formara parte de esta forma de rechazo a lo ocurrido.

En Ecuador, si se desea colaborar con algún informe o reporte escribanos a prensa@observatorioecuador.org o mensaje de voz al whatsapp +593968212542

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Para algunas de las personas que desconocen o desean saber como se dieron los acontecimientos, a continuación les dejamos un resumen detallado como se dio este hecho de sangre:

La Escuela Normal de Ayotzinapa ha sido objeto constante de represión por parte de los gobiernos local y federal, tal como lo muestra su historia. Esta escuela cuenta además con una fuerte tendencia de izquierda y un conocido historial de violencia callejera. Es asimismo conocida como semillero de luchadores sociales y disidentes. El 12 de diciembre del 2011 en Chilpancingo, capital de Guerrero, un enfrentamiento entre normalistas y la policía federal y estatal, conocido como el conflicto de Ayotzinapa, dejó un saldo de dos estudiantes muertos. Un trabajador falleció por quemaduras cuando los estudiantes intentaron incendiar una gasolinera en ese mismo episodio.

Como parte de un plan para asistir a la Ciudad de México el día 2 de octubre del 2014 a las manifestaciones conmemorativas de la masacre de Tlatelolco (2 de octubre de 1968, en que murieron cientos de estudiantes), los estudiantes habían estado haciendo acopio ilegal de autobuses y combustible a lo largo de una semana, y habían estado tomando unidades para concentrarlas en la escuela. El día 22 de septiembre, la policía federal y estatal impidieron que los estudiantes robasen combustible en la Autopista del Sol, que conduce a Acapulco. Los días 25 y 26 de septiembre los estudiantes habían ido a Chilpancingo en dos autobuses, de los que previamente se habían apoderado, e intentaron apoderarse de otros vehículos, pero la policía local les impidió lograrlo, sin por ello haberlos arrestado ni confiscado las unidades en que iban. Frustrados en su intento, los estudiantes pasaron a la cercana ciudad de Iguala en por lo menos un autobús robado el mismo día 26 para buscar otros autobuses, de los que eventualmente se apoderaron de tres, dos de la línea Costa Line y uno de la línea Estrella de Oro. Uno de los choferes de esos autobuses se resistió a la toma al ser abordado por los estudiantes en la central camionera, y logró notificar a sus superiores y a la policía antes de ser superado y obligado a llevar el autobús a Ayotzinapa con algunos estudiantes como pasajeros.

Por su parte, en la ciudad de Iguala, era alcalde desde 2012 el perredista José Luis Abarca Velázquez, ex comerciante de joyería, al cual se le acusa de estar coludido con el grupo criminal Guerreros Unidos, a quienes aparentemente pagaba protección. Abarca está casado con María de los Ángeles Pineda, quien sería el enlace del gobierno municipal con el crimen organizado. Varios hermanos de Pineda fueron miembros del desaparecido Cártel de los Beltrán Leyva. Asimismo, Pineda era directora local del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). En México se acostumbra que la esposa del alcalde en turno sea quien dirija la oficina municipal correspondiente del DIF. A pesar de que la pareja había sido acusada de participar en varios delitos y de que diferentes ramas del gobierno estatal tenían conocimiento de estas acusaciones, no había acción legal alguna en contra de ellos.

La noche del 26 de septiembre, el DIF de Iguala dio una fiesta para celebrar los logros obtenidos bajo la dirección de María de los Ángeles Pineda. Se dice que se planeaba lanzar en ese mismo evento la candidatura de Pineda a la alcaldía (Abarca terminaba su periodo en 2015).

Desarrollo de los sucesos

Primer ataque

Tras el robo del último autobús en la central camionera de Iguala, los estudiantes hicieron que el chofer lo condujese hacia el anillo periférico de Iguala, para de allí enfilar hacia Ayotzinapa. Ello los haría pasar a una cuadra del festejo del DIF. Sin embargo, alertados por el aviso del chofer, la policía los comenzó a perseguir a tres cuadras de la central camionera, en un intento por impedir que la comitiva se acercase al festejo.

De acuerdo con declaraciones del fiscal guerrerense, Iñaky Blanco Cabrera, el primer episodio de violencia ocurrió a las 21:30 horas, cuando la policía logró interceptar el paso de los autobuses mediante una camioneta que bloqueó su avance en la esquina de las calles Juan N. Álvarez y Periférico Norte. Los alumnos bajaron de los autobuses para intentar empujar fuera del camino la camioneta, y se enfrentaron a los policías, que también llegaban. Cuando Aldo Gutiérrez Solano forcejeó y sometió a uno de los policías, agentes de la Policía Municipal de Iguala abrieron fuego contra él, hiriendo gravemente a Gutiérrez Solano y matando a Daniel Solís Gallardo.

La balacera inicial puso en desbandada a los estudiantes normalistas, varios de los cuales se refugiaron en los espacios entre los autobuses detenidos. Otros más escaparon como pudieron a los alrededores; sin embargo, la policía de Iguala se llevó bajo arresto a la mayoría de los estudiantes que no habían podido bajar de los autobuses.

Durante el ataque varios de los estudiantes normalistas lograron comunicarse con compañeros que se habían quedado en Ayotzinapa. Estos alumnos, enterados de los incidentes, enviaron otro convoy de estudiantes en varias camionetas para recorrer los 250 km de distancia entre Ayotzinapa e Iguala, para ayudar a sus compañeros atacados en Iguala.

Segundo ataque

El segundo convoy de estudiantes, que llegó alrededor de las 23 horas de la noche del 26, se encontró con algunos de los compañeros que no habían sido llevados por la policía. Los estudiantes, acompañados por profesores pertenecientes a la CETEG (Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero), comenzaron a inspeccionar el lugar y a buscar a cualquier otro alumno oculto tras la balacera. Asimismo, daban entrevistas a la prensa que iba llegando por el primer ataque en contra de sus compañeros. Seguían en el lugar alrededor de la medianoche cuando fueron atacados una vez más por un grupo que llegó de repente y que, según testigos presenciales, disparaba ráfagas en su contra. En este ataque fallecieron dos estudiantes más, llamados Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fuentes; mientras que el resto huía en desbandada y se ocultaba en los cerros circundantes o en las azoteas de las casas de Iguala.

Casi al mismo tiempo, a la salida de Iguala, en la autopista a Chilpancingo, otro grupo de policías disparó contra un autobús que transportaba a los integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, de la tercera división. El equipo de futbol no estaba involucrado en los hechos y aparentemente fue confundido por la policía como otro autobús más del convoy de los estudiantes normalistas. Este equipo era de Chilpancingo e iba de regreso a su sede tras un partido como visitante en Iguala. En este ataque perecieron tres personas: David Josué García Evangelista (de 15 años de edad, uno de los futbolistas), Blanca Montiel Sánchez (pasajera de un taxi que pasaba por el lugar) y Víctor Manuel Lugo Ortiz (chofer del autobús que conducía a los jugadores de vuelta a Chilpancingo). El director técnico del equipo resultó herido y fue internado grave.

Investigación oficial

La mañana del día 27 de septiembre elementos del Ejército Mexicano encontraron a las 11 horas el cuerpo de Julio César Mondragón, uno de los normalistas muertos en el segundo ataque. Su rostro había sido desollado. Los primeros informes reportaron la desaparición de 57 estudiantes de la Escuela Nacional Rural de Ayotzinapa presuntamente atacados y secuestrados por policías municipales de Iguala. El 30 de septiembre, se informó que 14 de ellos se encontraban salvos en sus casas, mientras que 43 permanecían en calidad de desaparecidos. Ese mismo día, se señaló al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como presunto autor intelectual de las desapariciones forzadas y como el responsable de dirigir desde un radio a fuerzas policíacas del Estado para proceder con los actos del 26 de septiembre. El 29 de septiembre, Abarca dijo que él había ordenado a la policía no atacar a los normalistas, a quienes acusó de pretender atacar a los invitados que estarían presentes en el segundo informe del DIF municipal, del cual su esposa, María de los Ángeles Pineda, era la presidenta.

La búsqueda de los 43 estudiantes por parte de padres de familia junto con normalistas, que fueron resguardados por elementos de la Fuerza Estatal, inició el mismo 29 de septiembre, intensificando el operativo al buscar posibles cadáveres en fosas comunes.

El sábado 4 de octubre se descubrió en los alrededores de Iguala una fosa clandestina con 28 cadáveres sepultados en ella. Eventualmente los análisis forenses dictaminaron que estos cuerpos no correspondían con ninguno de los 43 normalistas desaparecidos ignorándose hasta la fecha la identidad de los cuerpos.

El día 8 de octubre fueron detenidos en Cuernavaca, Morelos, Osvaldo Ríos Sánchez y su hermano Miguel Ángel, sospechosos de haber participado en la desaparición. Los hermanos Ríos Sánchez confesaron su involucramiento y el haber estado bajo las órdenes de Ángel Casarrubias Salgado, uno de los líderes de Guerreros Unidos. Al día siguiente la PGR encontró otras 4 fosas con ocho cadáveres en total en el paraje de La Parota, en la localidad de Pueblo Viejo, Guerrero. Sin embargo, estos hallazgos tampoco correspondían con los 43 normalistas desaparecidos.

Jesús Murillo Karam, procurador general de la República, informó el 13 de octubre de 2014 que aparentemente elementos de la Policía de Iguala, tras arrestar a los 43 estudiantes desaparecidos, siguieron instrucciones de Abarca y entregaron a los detenidos a oficiales de la Policía del vecino municipio de Cocula. A su vez, estos policías de Cocula procedieron a entregar a los estudiantes a miembros del cártel de los Guerreros Unidos.

De acuerdo a testimonios de los hermanos Ríos Sánchez, Ángel Casarrubias Salgado habría dado la orden de matar a los estudiantes entregados a los Guerreros Unidos, aparentemente en la creencia de que entre los estudiantes normalistas se encontraban infiltrados elementos del cártel rival de Los Rojos.

Según declaraciones de otros miembros capturados de los Guerreros Unidos, los estudiantes fueron llevados al basurero municipal de Cocula hacinados en dos camionetas. Al arribar, quince de los estudiantes habían muerto de asfixia al bajarlos debido al hacinamiento y las ataduras. Una vez bajados los estudiantes sobrevivientes de las camionetas, se interrogó brevemente a cada uno antes de proceder a matarlos de un balazo en la nuca. Después los tiraron a la parte baja del basurero donde incineraron los cuerpos, haciendo relevos para vigilar el proceso y mantener el fuego durante horas arrojando combustible a los cuerpos. Al terminar se ordenó a los vigilantes del fuego que recogiesen las cenizas y triturasen los huesos restantes para meterlos en bolsas de plástico y arrojarlas al río San Juan.

Informe de la Procuraduría General de la República

La Procuraduria General de la República confirmó el día 7 de noviembre de 2014, que existen indicios de un homicidio masivo en un basurero de Cocula, Guerrero, el cual podría corresponder a los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre en el Estado de Guerrero. Según el testimonio de tres nuevos detenidos que confesaron cometer el crimen.

El procurador Jesús Murillo Karam, hizo el anuncio en una conferencia de prensa en cadena nacional. Indicó que las personas detenidas dijeron que los estudiantes fueron asesinados después de que policías de los municipios de Iguala y Cocula los entregaran al grupo criminal «Guerreros Unidos». Sus cadáveres fueron después quemados, se depositaron los restos en bolsas y fueron arrojados en un río cercano.

El 27 de enero de 2015, la PGR notificó del avance de las investigaciones de la desaparición, aclarando que era prácticamente un hecho que el grupo Guerreros Unidos, vinculado al entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, había secuestrado, asesinado, incinerado y desaparecidas las cenizas en un río de los 43 normalistas. De acuerdo a la versión oficial, el grupo rival antagónico de Guerreros Unidos: Los Rojos junto con el Director de la Normal, habían alentado o apoyado a los estudiantes a la manifestación en contra del alcalde de Iguala 6. En la confusión de esa noche de si eran estudiantes o del grupo rival Los Rojos o una mezcla de ambos, el cartel de Guerreros Unidos tomó la decisión de ejecutarlos como normalmente lo hacía con grupos antagónicos y apoyado por las autoridades de Iguala, ante el agravio constante por los normalistas y sus frecuentes protestas, como aquella donde incendiaron una gasolinera en un bloqueo a la autopista del Sol, donde murió por quemaduras el empleado de la gasolinería.

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Rechazo al informe

Los padres de familia y acudientes de los estudiantes y víctimas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa rechazaron la información brindada por las autoridades federales mexicanas sobre las muerte de sus hijos y acudidos por que carecía de un sustento científico y técnico y dijeron que sus hijos están vivos hasta que no haya una certeza de su deceso. También en la conferencia de prensa criticaron al presidente Enrique Peña Nieto que se disponía a realizar un viaje a la República Popular China y a Australia cuando la crisis política por las desapariciones se mantiene en el país. El excandidato presidencial del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador dijo: «El gobierno mexicano quiere dar carpetazo al crimen para que México regrese a la normalidad como si fuese un asunto menor.»

El opositor partido conservador, Partido Acción Nacional exigió que el gobierno trabajara sin descanso hasta que se esclarezca el asunto ante los padres de los desaparecidos, así como con la sociedad mexicana.

Frente a estas críticas el Presidente mexicano salió al paso señalando que mantendrá las investigaciones del crimen hasta que se aclare los hechos y se castigue a los responsables del hecho criminal.

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